Tras la muerte del rey, María Cristina -la reina gobernadora- se hizo cargo de la Regencia y nombró un gobierno presidido por Cea Bermúdez, aún defensor de la monarquía absoluta aunque con reformas, como las llevadas a cabo por el ministro Javier de Burgos, antiguo afrancesado, en relación con la división provincial, vigente en lo esencial hasta la actualidad.

Después de la intensa persecución ejercida tanto desde el Estado como desde la Iglesia en el reinado de Fernando VII contra los miembros de las sociedades secretas y de la masonería, la reina Gobernadora María Cristina promulgó el día 26 de abril de 1834, a los pocos meses de fallecido su esposo, un real decreto que concedía la amnistía a todos los que habían pertenecido a sociedades secretas, aunque imponía también penas a quienes en lo sucesivo perteneciesen a las mismas.