Seguimos estudiando los delitos y faltas que puedan cometer los masones en el siglo XIX, intentando aportar materiales para la reflexión, nos acercamos a las Constituciones de la Masonería española dependiente del Gran Oriente Lusitano, publicadas en 1870, en pleno Sexenio Democrático, momento de especial efervescencia masónica.

El indulto en España es una medida de gracia, con carácter excepcional, y que se reguló por una Ley de 18 de junio de 1870, que establece la remisión total o parcial de las penas de los condenados por una sentencia firme, y que otorgaría el rey a propuesta del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. La Constitución de 1978 prohíbe en su artículo 62, relativo a lo que corresponde al rey, que se puedan autorizar indultos generales.

La Constitución de 1869, surgida de las Cortes Constituyentes que se habían elegido después de la Revolución Gloriosa de 1868, estableció una Monarquía para España, aunque mucho más liberal que la que había existido hasta entonces. Los sectores dominantes que habían derribado el sistema isabelino habían optado por esta solución porque no querían que el cambio que se estaba produciendo se radicalizase a través de una fórmula republicana de gobierno que desarrollase políticas sociales bajo principios verdaderamente democráticos. Una cuestión era derribar a Isabel II e impedir que los Borbones regresasen al trono, habida cuento de su descrédito, y otra muy distinta lanzarse a aceptar una República. No olvidemos que paralelamente el movimiento obrero español estaba experimentando un verdadero auge al calor de la Primera Internacional.

El socialista Juan Sánchez-Rivera, aunque luego terminaría alejándose del PSOE, tenía costumbre de dirigirse a las autoridades a través de El Socialista para solicitar reformas y cambios en distintos ámbitos, especialmente en los relacionados con la justicia. En este sentido, hemos abordado ya su petición a Fernando de los Ríos sobre la reforma de la justicia vinculada a los accidentes laborales en los inicios de la Segunda República. En este artículo que planteamos ahora veremos como Sánchez-Rivera, además de abogar por la necesidad de reformar completamente el Código Penal de 1870 y plantear cómo hacerlo, se centró en los que denominaremos “delitos religiosos”.

En un anterior trabajo en El Obrero estudiamos la figura de Pau Alsina entre el republicanismo y el movimiento obrero. En dicho artículo aludimos a una de las propuestas que presentó en las Cortes en abril de 1870 sobre la creación de un jurado entre empresarios y trabajadores en un momento histórico en el que comenzaba a plantearse la denominada “cuestión social” y que ésta llegaba al parlamento. Pues bien, hemos creído conveniente dar a conocer con más detalle esta propuesta por ser una de las primeras en la historia del arbitraje entre el capital y el trabajo en España, y por ser muy poco conocida.