Algunos sectores de la opinión pública española consideran que en nuestro país se vive una moderna manía por las fosas comunes. Esta postura defiende el olvido sobre el atroz pasado de nuestro país pensando que una democracia puede vivir perfectamente sobre tantas fosas comunes repartidas por toda la geografía. Al horror de la muerte violenta se une la ignominia del olvido. No cabe duda de que esta postura tiene una clara intención política, aunque no podemos descartar que, también, se nutra de una supina ignorancia de lo que ocurre en el mundo.

La Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados establece en su primer artículo la responsabilidad de la Administración General del Estado en la búsqueda de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura, sin prejuicio de las competencias de otras Administraciones públicas en esta actividad, es decir, no se deja a iniciativa de asociaciones ni particulares, sino que el Estado asume esta cuestión como una obligación del mismo.