La editorial Apostolado de la Prensa publicó en el año 1899 un libro titulado, Sacrílegos y traidores: la masonería contra la Iglesia y España, con el fin de demostrar los supuestos males que habría causado tanto a la primera como a la segunda, precisamente cuando se había producido el desastre del 98, supuestamente también promovido por la masonería.

En El Obrero publicamos en agosto de 2019 las contestaciones que el destacado diputado socialista santanderino dio a la encuesta que El Heraldo había abrió en el verano de 1931 para que los recién elegidos diputados de las Cortes Constituyentes se pronunciaran sobre la labor del Gobierno Provisional de la República. Un año después nos acercamos a las del diputado Edmundo Lorenzo.

En esta pieza estudiamos un aspecto legal poco conocido de los inicios de la Segunda República Española, pero sumamente importante porque estableció el marco legal en España desde mediados de abril hasta la aprobación de la Constitución en diciembre de 1931. Nos referimos al Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional.

El ministro de Trabajo Largo Caballero intervino en la Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebró a primeros de junio de 1931 en Ginebra, para explicar el programa social del Gobierno Provisional de la República. Como el propio Largo expuso en su discurso siempre había tenido una intensa vinculación con la Organización Internacional del Trabajo, pero con la particularidad de que ahora llegaba como ministro de su país, un hecho que le producía una intensa satisfacción.

El Gobierno Provisional de la República requirió, al poco de constituirse, que las autoridades religiosas ordenasen a los sacerdotes que en el púlpito se limitasen a cumplir con sus deberes religiosos, es decir que no hicieran política en las iglesias.