Las cuestiones educativas no comenzaron a ser tratadas como un asunto prioritario en los inicios de la Revolución francesa. En la Asamblea Nacional Constituyente no se abordó de forma exhaustiva. A lo sumo, se encargó de la instrucción pública a un comité o comisión, que debía preparar un informe. El autor del mismo fue Talleyrand. En el Título Primero de la Constitución de 1791 sobre las disposiciones fundamentales garantizadas por el texto constitucional se aludía a que se crearía y organizaría la instrucción pública, común a todos los ciudadanos. También se establecía la necesidad de crear festividades nacionales con el fin de mantener la fraternidad entre los ciudadanos, vinculándoles a la patria y a las leyes, es decir, se estaba apostando por la educación cívica de los nuevos valores revolucionarios. Esta sería una de las primeras características del nuevo sistema educativo francés. En materia religiosa, la Revolución Francesa fue neutral. Lo que se pretendía era formar ciudadanos.

Una de las primeras disposiciones que aprobó el Gobierno Provisional sobre la separación entre el Estado y la Iglesia fue el Decreto del 6 de mayo de ese año sobre libertad religiosa en las escuelas, en un mes intenso en la historia de las relaciones entre ambas instituciones, y del anticlericalismo violento, entre la Carta Pastoral contra la República del cardenal Segura y la quema de conventos.

Pablo Iglesias publicó en El Socialista un artículo en marzo de 1924 donde defendía el interés de los trabajadores por formarse y capacitarse frente a la opinión generalizada de la burguesía acerca de que solamente perseguían mejorar materialmente sus condiciones, no prestando atención alguna a su educación. Además, las mejoras salariales y en la reducción de la jornada laboral estaban siendo malgastadas en vicios.