Aún instaurada la República, y aprobada la Constitución de 1931, la celebración de actos civiles no era lo fluida que se esperaba, como lo demostraría la queja que los socialistas publicaron en El Socialista en diciembre de 1931. Los cambios de régimen y legales podían producirse, pero el peso del pasado, de la mentalidad religiosa era muy fuerte aún.

Siete décadas después nuestro país recupera a miles de sus ciudadanos, cuya muerte no había sido inscrita en el Registro Civil, como debe ser cuando se fallece, impidiendo a sus familiares cualquier gestión, especialmente en relación con las justas indemnizaciones que merecían porque habían sido asesinados en Mauthausen-Gusen en el horror del Holocausto nazi, no siendo salvados por el Gobierno español en su día, y luego arrinconados en el silencio de un archivo, a buen seguro, polvoriento, como el régimen que padeció este país durante tanto tiempo. El franquismo olvidó a esos españoles mientras sufrían, y luego les hizo desaparecer en el centro mismo de Madrid. Muerte y silencio.