Prohibir partidos políticos

Política

Las propuestas de perseguir y prohibir partidos políticos, que defienden la derecha y la extrema derecha, aunque no son iguales, no deja de preocuparnos por distintas razones.

 

Se pretende prohibir partidos que organicen referéndums y consultas ilegales sobre autodeterminación o independencia, o que, simplemente defiendan el independentismo.

El primer problema que se presenta procede de que los partidos susceptibles de ser prohibidos representan a millones de ciudadanos y ciudadanas en este país con sentires que podemos no compartir en absoluto, pero ahí están. ¿Qué pensarán o harán estos ciudadanos y ciudadanas si no tienen formaciones que canalicen ideas y sentimientos?

En segundo lugar, ¿por qué es ilegítimo defender, de forma democrática, la independencia de Cataluña o del País Vasco o de otra región o zona de España?, ¿no estaríamos hablando de una grave limitación de la libertad de pensamiento y de expresión? Se nos dirá que esas ideas vulneran la Constitución, y la unidad de España. Claro, pero, ¿no podían pedir otros partidos o sectores de la opinión que se ilegalizara a partidos que no condenasen el franquismo como antítesis total de una democracia o, sin tener que acudir a la historia y la memoria, aquellos que niegan la violencia de género, o son negacionistas del cambio climático y, por lo tanto, no defienden la lucha para procurar que las generaciones futuras puedan vivir en este planeta? Claro, para algunos la unidad de España es sagrada, pero para otros es más sagrado la vida de las mujeres o el planeta.

La propuesta del PP pasaría más por la ilegalización de partidos que pudieran organizar referéndums ilegales, intentando salvar el derecho de la libertad de expresión, que la propuesta de la extrema derecha olvida intencionadamente, habida cuenta de su nulo interés por las libertades. Pero, nos preguntamos, ¿es tan grave organizar una consulta donde la gente se exprese, aunque no tenga ningún fundamento legal ni sirva, en realidad, para nada de nada? Otra cosa es que esa consulta se intentase pagar con fondos públicos. Entonces, claro está, ya existen leyes para combatir eso, como hemos visto en el pasado reciente. España no sufre ni un rasguño porque un partido ponga urnas donde quiera, menos en organismos públicos, porque, insistimos, eso ya es delito ahora mismo, para que los que quieran depositen una papeleta que pida la independencia de Cataluña. Algunas veces los que tanto aman a España todos los días, a todas horas, y con apropiaciones de símbolos parecen enfermos imaginarios que ven enfermedades y riesgos gravísimos en la más mínima alusión independentista, o, como pensamos, su encendido patriotismo, seguramente, obedece a otras causas o busca otros fines.

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