En un sistema político como el liberal, basado en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, aparecieron varios mecanismos y procedimientos en las Constituciones con el fin de garantizar el cumplimiento y ejercicio de los mismos. Entre ellos, se encontraría esta magistratura del defensor del pueblo. Su función fundamental sería la de controlar las posibles arbitrariedades cometidas por los poderes públicos. Sería una especie de “tramitador de las quejas” ante determinadas actuaciones de la administración, consideradas como no ortodoxas, ya que no tendría potestad para solucionar la queja formulada por el ciudadano.