La Guerra de la Independencia supuso un momento en el que se pensó en una profunda reforma fiscal basada en la contribución directa, tanto porque el conflicto necesitaba de un considerable aumento de los fondos por los gastos que se generaban, como por el hecho de que no se podía seguir tolerando la injusticia fiscal que suponía que los estamentos privilegiados siguieran sin contribuir. En este sentido, en la Consulta al país de 1809, organizada por la Junta Suprema, se puede detectar que parecía muy generalizada la idea de la reforma en este sentido. Además, en 1810 se publicó un Decreto que declaraba nulos los impuestos vigentes con el fin de crear una única contribución, es decir la “Contribución extraordinaria de guerra”, y en la reforma que se planteó un año después hasta se introdujeron criterios de progresividad. Pero se estaba en guerra y las reformas no eran fáciles de aplicar.

Los afrancesados durante la Guerra de la Independencia fueron una minoría, eso sí, muy activa, denostada por unos y otros, por los absolutistas y los liberales por considerar que eran traidores, que sacrificaron la independencia del país por intereses personales o por otros de distinto signo, al apoyar la entronización de José Bonaparte como rey de España. Absolutistas y liberales no tenían nada en común, nada más que su objetivo común de combatir a Napoleón, José I, el gobierno afrancesado y las tropas francesas, pero ambos sectores defendían modelos políticos, sociales y económicos diametralmente opuestos para España, aunque aparcarían, momentáneamente, los enfrentamientos para ganar la guerra.