Los Comités Paritarios fueron unos organismos creados por decreto- ley de 26 de noviembre de 1926, obra de Eduardo Aunós, ministro de Trabajo bajo la Dictadura de Primo de Rivera.

En 1925 llegaba a la máxima responsabilidad económica José Calvo Sotelo con un ambicioso proyecto de reforma financiera y fiscal de España, seguramente el más importante que se había presentado en la España contemporánea hasta el momento.

Hasta la finalización de la Guerra de Marruecos la Dictadura emprendió una activa política exterior. En este sentido, Primo de Rivera exigió que Tánger se incorporase al Protectorado español de Marruecos. En esta pretensión contó con el apoyo de Mussolini, generando tensiones entre franceses y británicos, deseosos de mantener el status quo de la zona del Estrecho, siendo, por lo demás, garantes del estatuto internacional de la ciudad. Aunque el dictador obtuvo algunas concesiones en Tánger, no se alteró su estatus.

La familia Primo de Rivera, a través de un comunicado de su representante, Fernando Primo de Rivera, ha expresado su voluntad de que los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera salgan de Cuelgamuros para recibir sepultura en un cementerio católico, siguiendo los deseos planteados en el testamento por el propio José Antonio. Como el anterior denominado Valle de los Caídos dejará de ser un cementerio católico, la familia ha realizado un ejercicio de coherencia y de respeto hacia su antepasado.

El socialismo español fue y ha sido acusado hasta hoy en día de colaborar con la Dictadura de Primo de Rivera, especialmente por la participación de los representantes de la UGT en los Comités Paritarios. En este artículo queremos recordar la opinión, sobre esta cuestión, del destacado socialista balear Lorenzo Bisbal. Publicó un artículo (“La Dictadura y los socialistas”) en El Obrero Balear, que El Socialista recogió en julio de 1928.

La implantación de la jornada laboral de ocho horas para los trabajadores ferroviarios españoles no fue fácil. Su tramitación fue lenta y las Compañías burlaban la ley a través del subterfugio de clasificar el trabajo ferroviario diferenciando el denominado “trabajo activo” y el de “presencia”.

La hemeroteca nos produce muchas sorpresas cuando estamos metidos en la misma buscando e investigando con los materiales con los que intentamos elaborar nuestros estudios sobre la historia del movimiento obrero de signo socialista en España. Y esas sorpresas llegan, en ocasiones, fruto del azar en el momento justo. Queríamos publicar un artículo sobre la memoria de Pablo Iglesias, en el aniversario de su fallecimiento y parecía lo lógico que nos acercáramos a artículos, escritos y opiniones de miembros del PSOE o de la UGT, como hemos hecho en otras ocasiones. En esas estábamos cuando nos topamos con un número de El Socialista de diciembre de 1959 en el que se reflexionaba sobre el ejercicio de desmemoria que se había realizado con la figura del fundador del socialismo español, en alusión implícita al franquismo, contraponiendo esa actitud con lo que se había hecho en el ámbito de los adversarios políticos cuando Iglesias falleció que, como bien sabemos, fue en plena Dictadura de Primo de Rivera.

Cualquier lector inquieto sobre historia contemporánea sabe que a la Masonería se la ha achacado todo tipo de conspiraciones con fines políticos de distinta índole. La Masonería española siempre fue acusada por el franquismo de ser una de las causantes del supuesto caos que supuso la Segunda República y de gran parte de los “males” que habrían azotado a España desde el siglo anterior, dentro del heterogéneo grupo de supuestos enemigos del país, en la justificación para poner en marcha el golpe de estado del 17-18 de julio de 1936.