La reina ofreció el gobierno al general Espartero, que no aceptó. Las elecciones de octubre dieron el triunfo a los moderados, que gobernaron hasta 1840 y pusieron fin al espíritu de conciliación de la Constitución de 1837. El gobierno más duradero fue el de Evaristo Pérez de Castro. Durante esta etapa, los gobiernos moderados se vieron condicionados por el poder militar, la marcha de la guerra y la deuda pública. Comenzaron a destacar figuras como el general Narváez en el lado moderado, y Espartero en el progresista, en rivalidad constante. Los moderados emprendieron una labor legislativa marcada por sus ideas. La gran cuestión del momento fue la de los ayuntamientos.

De sobra es conocida la preocupación socialista por los municipios, su intensa vocación municipalista como medio para aplicar reformas en favor de la clase trabajadora y de los más humildes. En este contexto nos acercamos a la conferencia que impartió el destacado socialista Lucio Martínez, organizada por la Sociedad de Dependientes Municipales en la madrileña Casa del Pueblo a comienzos del mes de abril de 1929 sobre la legislación social y el problema de su aplicación en los municipios.

Antonio Maura planteó la necesidad de reformar el poder local para conseguir tres objetivos: terminar con el caciquismo, moralizar la vida pública y descentralizar la administración para que fuera más eficaz. Consideraba que el poder de los caciques radicaba en el apoyo que recibían de las distintos poderes, incluido el local. Así pues, uno de los proyectos estrellas del denominado “gobierno largo” (1907-1909) fue el de la ley de Administración Local, presentada en el año 1907, y estaría en línea con su proyecto de “revolución desde arriba” para evitar la que procede desde “abajo”.

La reforma pretendía otorgar más atribuciones a los ayuntamientos en materia de educación, sanidad, obras públicas y orden público, acercando la administración a los ciudadanos. Pero este ambicioso objetivo no iba acompañado de una reforma paralela de las haciendas locales para que los ayuntamientos pudieran hacer frente a esas nuevas competencias asignadas, reforma que implicaba profundos cambios en el sistema tributario y que la oligarquía dominante no estaba muy dispuesta a asumir.