La Guerra de la Independencia supuso un momento en el que se pensó en una profunda reforma fiscal basada en la contribución directa, tanto porque el conflicto necesitaba de un considerable aumento de los fondos por los gastos que se generaban, como por el hecho de que no se podía seguir tolerando la injusticia fiscal que suponía que los estamentos privilegiados siguieran sin contribuir. En este sentido, en la Consulta al país de 1809, organizada por la Junta Suprema, se puede detectar que parecía muy generalizada la idea de la reforma en este sentido. Además, en 1810 se publicó un Decreto que declaraba nulos los impuestos vigentes con el fin de crear una única contribución, es decir la “Contribución extraordinaria de guerra”, y en la reforma que se planteó un año después hasta se introdujeron criterios de progresividad. Pero se estaba en guerra y las reformas no eran fáciles de aplicar.

La situación política y económica de España a raíz de la restauración del absolutismo por parte de Fernando VII a su vuelta a España empeoró por las guerras de emancipación americana, que hundieron a la ya maltrecha Hacienda, sin que salieran adelante los intentos de reforma de la misma por parte de Martin y Garay. Los ministros duraban muy poco en el cargo, dominando la política, realmente, una camarilla alrededor de un monarca voluble. Los escándalos se sucedían, como el de la compra de once barcos rusos en 1817 para enviar a Rusia y que, abandonados en Cádiz, resultaron inservibles. La situación de la Monarquía absoluta se encontraba en un verdadero callejón sin salida.

La Constitución de 1812 dedicó el Título VIII, desde el artículo 356 hasta el 365, a tratar de lo que se denominó “la fuerza militar nacional”. La importancia de los dos capítulos de este Título es fundamental en la historia de España porque diseñaba por vez primera lo que el liberalismo esperaba de las fuerzas militares. En este trabajo solamente aludiremos al primero de dichos capítulos porque ya hemos tratado en otro artículo sobre la Milicia Nacional.

El 16 de marzo de 1829 moría Diego Muñoz-Torrero en Portugal a consecuencias de las torturas recibidas, encarcelado por sus ideas liberales, uno de los padres de la Constitución de 1812. En este artículo nos acercamos a su capital papel en las Cortes de Cádiz.

La sublevación de La Granja, acontecida en el 13 de agosto de 1836, fue un suceso clave en la Regencia de la Reina Gobernadora, en la minoría de edad de la reina Isabel II. Fue protagonizada por los sargentos de la Guardia Real para obligar a la regente María Cristina a jurar la Constitución de 1812, contra el gobierno de Istúriz, y terminar con el sistema político, harto conservador, del Estatuto Real de 1834.