Tradicionalmente, se ha considerado que las Constituciones españolas del siglo XIX estaban muy vinculadas a los vaivenes políticos y que eran de partido. No fue así, realmente, porque todas, a excepción de la de 1812, la 1869 y el Proyecto, nunca aprobado, de la Primera República, siempre obedecieron a los intereses del liberalismo más moderado por mucho que se nos haya contado que fue progresista la de 1837. La Constitución de 1931 sí es novedosa porque consagraba el proyecto progresista del republicanismo en alianza con el socialismo, y también es cierto que la de 1978 fue otra novedad al ser la más consensuada.

El asunto de quién debía ocupar el trono de España se convirtió en una cuestión internacional que retrasó el período de provisionalidad del Gobierno nacido de la Revolución de 1868 y permitió que, a pesar de los esfuerzos de Prim, creciera más la oposición de republicanos y carlistas. El candidato más idóneo, al parecer, era el hijo de Víctor Manuel II rey de Italia, Amadeo de Saboya. En principio, cumplía todos los requisitos: miembro de una Casa real con tradición liberal, católico y su elección no inquietaba ni a Francia ni a Prusia. Las Cortes le nombraron rey el 16 de noviembre de 1870 por un escaso margen de votos.