El Decreto de Nueva Planta aplicado a Cataluña también tuvo una consecuencia fiscal de primera magnitud, siendo, seguramente la reforma más importante en la historia de estas cuestiones en el Principado. Se trata del Real Catastro, instituido en diciembre de 1715, siguiendo, en gran medida el modelo del Equivalente impuesto en Valencia y de la Única Contribución para el Reino de Aragón. Ahora todos los antiguos reinos y estados de la Corona de Aragón contribuirían en el conjunto de la Corona.

En el proceso de elaboración del Decreto de Nueva Planta a aplicar a Cataluña surgieron, en principio, propuestas muy radicales en materia fiscal, como la defendida por el fiscal del Consejo de Castilla, Melchor de Macanaz, que se había distinguido en la represión de los austracistas del Reino de Valencia. Más extremistas fueron las ideas del obispo de Segorbe, Diego Muñoz. Al final, la elaboración del Decreto fue encomendada a un jurista catalán, pero favorable al rey Felipe, Francesc Ametller, que se opuso a que se igualaran todas las leyes a las de Castilla porque eso generaría confusión. También participó intensamente en su elaboración el intendente José Patiño. Para éste el objetivo era que la autoridad real quedase por encima de la ley y que la Monarquía recuperase la potestad de dispensar gracias y oficios y la de obligar a tributar a los vasallos. Patiño no tenía una opinión muy favorable de los catalanes: