La igualdad ante la ley es un principio fundamental de nuestros sistemas políticos democráticos.

Desde Valencia en el otoño de 1930 reflexionaba Vicente Lacambra en El Socialista (número del 9 de octubre) sobre la relación entre apoliticismo y reacción, un análisis que se nos hace sugerente. Vicente Lacambra Serena (1876-1959) fue un escritor y periodista socialista que, aunque oscense, desarrolló su compromiso político y sindical en Valencia. Se da la circunstancia de que en marzo de 1904 fue condenado a cadena perpetua por un crimen que no cometió.

Hace unos años publicamos un trabajo sobre la supuesta tiranía obrera y la tiranía patronal a partir de un texto que salió en El Socialista en 1901, y que podemos consultar en la hemeroteca de este medio. Pues bien, volvemos sobre el tema y de la misma época, porque queremos saber la opinión de Mariano García Cortés, al respecto, en una columna que sacó en el número de El Socialista del primero de mayo de 1901.

Llevamos muchos años padeciendo la cruzada del patriotismo, enarbolada por las distintas derechas de nuestro país, basado en algunos principios eternos que siempre han defendido desde los tiempos de Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, aunque remozado, actualizado y con nuevos medios de difusión. Todo intento de la izquierda o las izquierdas sobre la reforma de la estructura y organización del Estado, de intentar buscar algún tipo de entendimiento también con otras fuerzas que, no cabe duda, también son muy patrióticas en su ámbito, y para no llegar al enfrentamiento, rápidamente es tachado de antipatriótico, cayendo el anatema total, bien coreado por todos los medios posibles. Enarbolando la bandera, monopolizándola, y contraviniendo el espíritu y la letra de la Constitución, se tacha a las formaciones de izquierda y, en general, a millones de españoles y españolas de ser enemigos de la patria. En realidad, esto es muy cansino y manipulador, pero, bueno, forma parte de la historia contemporánea de España que nunca parece superarse y esos millones de españoles y españolas hemos terminado, sin aceptar, por supuesto, por incorporarlo a nuestras vidas como una “cruz” más. Sin aceptar, insistimos, porque es casi un deber contestar las insidias y trabajar por plantear un discurso racional al respecto. Pero el patriotismo tiene otra dimensión y esa es completamente inadmisible e intolerable.

Aunque todas las Repúblicas han establecido distinciones y condecoraciones para los ciudadanos y ciudadanas que hubieran resaltado en distintos campos de la actividad humana, ya fuera política, ya cultural, artística, científica o social, hemos encontrado una justificación contraria a establecer este tipo menciones en la Primera República española en el año 1873 a cuenta de la supresión de la Orden Civil de María Victoria, que creemos muy sugerente recordar, al teorizar sobre cómo se debía recompensar el esfuerzo o genio de los más destacados. Estamos hablando de un compromiso contrario a la vanidad y en favor de la igualdad.

Las cuestiones educativas no comenzaron a ser tratadas como un asunto prioritario en los inicios de la Revolución francesa. En la Asamblea Nacional Constituyente no se abordó de forma exhaustiva. A lo sumo, se encargó de la instrucción pública a un comité o comisión, que debía preparar un informe. El autor del mismo fue Talleyrand. En el Título Primero de la Constitución de 1791 sobre las disposiciones fundamentales garantizadas por el texto constitucional se aludía a que se crearía y organizaría la instrucción pública, común a todos los ciudadanos. También se establecía la necesidad de crear festividades nacionales con el fin de mantener la fraternidad entre los ciudadanos, vinculándoles a la patria y a las leyes, es decir, se estaba apostando por la educación cívica de los nuevos valores revolucionarios. Esta sería una de las primeras características del nuevo sistema educativo francés. En materia religiosa, la Revolución Francesa fue neutral. Lo que se pretendía era formar ciudadanos.