Los atentados masónicos contra la religión en el Sexenio Democrático según la Iglesia
Como es sabido, el Sexenio Democrático supuso el primer momento favorable para el desarrollo de la Masonería en España frente a un pasado de intensas persecuciones y extremas dificultades. La Revolución de 1868 trajo un nuevo aire de libertades y ese contexto fue clave para la orden.
Pues bien, la propia Revolución de 1868 y el desarrollo de los dos regímenes políticos posteriores, el reinado de Amadeo de Saboya y la Primera República, fueron interpretados por gran parte de la Iglesia no sólo como fruto de la acción de la Masonería, al menos, en parte, sino como un momento de persecución a la religión, y donde la orden habría tenido, aquí sí, un claro protagonismo o responsabilidad.
El presbítero Niceto Alonso Perujo (1841-1890), doctor en Teología y en Derecho Canónico, canónigo en distintos cabildos y un activo publicista sacó en el año 1884 un libro titulado, El Papa y las logias: exposición literal y comentarios interesantes de la encíclica Humanum genus de S. S. León XIII sobre la francmasonería. En el mismo se explicaba, y este es el objeto del presente artículo, los supuestos males que habría generado la Masonería en aquel período histórico contra la Iglesia. Constituye un material sugerente para comprender que pensaba la Iglesia de las medidas secularizadoras emprendidas en aquel período histórico.
La Revolución de 1868 parecía que se había hecho para legislar contra la Iglesia. Se decretó la expulsión de los jesuitas y de todas las órdenes religiosas, cerrando sus colegios. Fue violentamente suprimida la Sociedad de San Vicente Paúl, requisando todos sus fondos. Se obligó a las monjas a trasladarse a otros conventos y a vivir con estrecheces sin asignaciones ni con sus dotes. Muy pronto se habría oído la voz de los masones en el Congreso de los Diputados lanzando blasfemias. Hasta en los documentos oficiales se habría suprimido la fórmula “Dios guarde á V. muchos años.” Se suprimió la renta de los Seminarios, incautando sus edificios para cuarteles y otros destinos. También se procedió a la incautación de los archivos eclesiásticos, y se decretó la suspensión de la provisión de prebendas y beneficios. Se decretó la libertad de cultos “contra los sentimientos expresos de la casi totalidad de la nación”, inaugurándose con la misma una época de persecución contra la Iglesia. A continuación, se procedió a la secularización de los cementerios y la prohibición de las procesiones y manifestaciones del culto católico, así como la supresión de la enseñanza del catecismo en las escuelas. Uno de los grandes insultos que, al parecer, recibió el clero, fue el de exigirle la jura de la Constitución de 1869, añadiendo que si no se hacía se suprimirían las asignaciones. A los católicos se les humilló imponiéndoles el matrimonio civil, considerando como ilegítimos los niños nacidos únicamente en el matrimonio canónico. En la Revolución se demolieron muchos edificios religiosos, iglesias y conventos. Tal furia demoledora se habría desatado que la Academia Arqueológica tuvo que acudir al Gobierno para pedir que cesasen las demoliciones. Se procesó a dignatarios de la Iglesia, y se promovió el “cisma de Cuba”.
Y todo ello, según nuestro autor, habría sido obra de la Masonería con un plan concertado y general. En este sentido citaba la obra de V. Lafuente, Historia de las sociedades secretas en España, en un subrayado harto significativo porque ponía el énfasis en que los revolucionarios y políticos del Sexenio no se ponían muy de acuerdo en las políticas a adoptar, pero sí habría funcionado el anticlericalismo porque eso había surgido en el seno de la Masonería y el Carbonarismo donde si se conocían su forma de actuar se entendería que todo estaría dispuesto y “tenía que suceder”.
Hemos trabajado esta cuestión en un artículo anterior en El Obrero, con el título de “La influencia masónica en el Gobierno Provisional en 1868 según el integrismo”.