Un ejercicio crítico entre la propiedad de bienes culturales y la propiedad de la tierra
Antonio Zozaya (1859-1943) fue un intenso periodista y escritor, que hoy no es muy conocido, pero que tuvo un enorme protagonismo entre el siglo XIX y el XX, un publicista y creador literario que pensó en la necesidad de contribuir a la formación científica, como lo puso de manifiesto en la práctica con la Biblioteca Económica Filosófica, y así poder contribuir a la difusión cultural entre los más desfavorecidos. También alcanzó fama con sus novelas y dramas. Fue académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y republicano, terminando sus días en México en el exilio. Zozaya pertenecería, según nuestra opinión, a la serie de intelectuales que, naciendo en medios acomodados, desarrollaron en España una clara preocupación social.
Pues bien acudimos a un breve artículo suyo publicado en el Almanaque de Tierra y Libertad de 1921 donde hace un ejercicio crítico sobre la propiedad de bienes culturales y la propiedad de la tierra, que queremos glosar con los lectores como material para la reflexión.
El texto en cuestión lleva por título, “El absurdo derecho”. Zozaya plantea el supuesto de un hombre extremadamente rico que adquiriese un conjunto de obras de arte fundamentales, como la Venus de Milo, el Apolo de Belvedere, el viejo Sileno y la Victoria de Samotracia. Pues bien, supongamos que una vez adquiridas las escondiera en un “ignorado subterráneo” y expresara a la ciudadanía que como toda propiedad es sagrada, había decidido que nadie pudiera contemplar las más preciadas joyas de la escultura universal. Entonces, se preguntaba Zozaya si no se sublevaría la conciencia pública ante este proceder que antepusiera en perjuicio de la cultura, la belleza y el arte su pretendido derecho de propiedad.
Pudiera ocurrir también que otro millonario, antes de que fueran declarados monumentos nacionales, hubiera adquirido en propiedad destacados edificios de la arquitectura civil española, como el Alcázar de Sevilla, el Palacio de Monterrey, la Casa de las Conchas, y las Murallas de Ávila. Pues bien, en virtud del derecho de propiedad, decidía destruirlas para emplear sus materiales en construcciones vulgares y anodinas. ¿No diríamos que había cometido un delito de lesa majestad invocando un derecho que no podía llegar a la barbarie?
Pero lo que nos parece absurdo al tratarse de obras de arte se nos antoja lícito cuando nos referimos a la propiedad de la tierra. Se compraban inmensos bosques y se talan convirtiéndose en páramos estériles. O se adquirían grandes latifundios y se dejaban sin cultivar, convirtiéndolos en eriales. No importaría porque los individuos que así aniquilaban el planeta eran propietarios y su titulación estaba conforme al Código Civil y a la Ley Hipotecaria.