El reclutamiento en la España del XIX

La promulgación de esta disposición movilizó a los doce corregimientos, que se reunieron en Barcelona, constituyendo lo que denominaron la “Diputación de Cataluña”, como una especie de evocación de la antigua Generalitat, abolida con el Decreto de Nueva Planta que Felipe V aplicó en su día al vencer en la Guerra de Sucesión. El 13 de febrero de 1773 esta especie de Diputación remitió una representación al rey en la que se exponían los prejuicios que la quinta causaría a la economía catalana, pero, consciente de la necesidad de hombres para el ejército, proponía, como alternativa el envío de 2.400 hombres para ese año a través de voluntarios, siguiendo la práctica tradicional que se seguía en Cataluña. Pero el rey rechazó la propuesta, generando un evidente malestar que se materializó el 4 de mayo con un verdadero alboroto de los jóvenes. Hubo enfrentamientos entre estos jóvenes y la fuerza militar, que generaron siete murtos y más de cincuenta heridos, además de que algunos de ellos morirían después. La situación no se pacificaría hasta que los gremios intervinieron a través de una negociación cuando menos discreta o secreta para buscar un compromiso, basado en la contratación de voluntarios pagados, pero que se inscribirían mediante un sorteo de quintas, en realidad, amañado. Así se cumpliría lo estipulado por el rey, pero se atendía a la demanda catalana. Pero también es cierto que esta intervención gremial no gustó nada en el Consejo de Castilla porque se consideró que parecía que se pretendían restaurar o resucitar las antiguas leyes catalanas, y podía ser estímulo para que defendiesen lo mismo los nobles, el clero y hasta el pueblo catalán.

El 27 de octubre de 1800, ya con Carlos IV, se estableció el reclutamiento obligatorio al que debía estar sometida toda la población masculina. Se asentó definitivamente el sistema de quintas como base del reemplazo del ejército. Este sistema estaría en vigor hasta 1912.

En todo caso, se calcula que durante el reinado de Carlos IV un tercio del ejército provenía de las quintas, la mitad eran voluntarios extranjeros a sueldo, y el resto procedía de levas forzosas.

La llegada del liberalismo cambió el concepto de reclutamiento, manteniendo el sistema de quintas previo con algunas importantes reformas. Por un lado, el artículo 9 de la Constitución de 1812 establecía que era un deber de los varones de cumplir el servicio militar porque todo español tenía que defender la patria con las armas, cuando fuera llamado por el rey. El artículo 361 remarcaba que ningún español podía excusarse del servicio militar según estableciera la ley. Pero el principio de igualdad que debían informar el nuevo Estado se quebró cuando el liberalismo español asumió la existencia de excepciones a la hora de prestar el servicio militar, de defender a la patria como un deber cívico.

Así es, en 1837 se aprobó una Ordenanza por parte de un Gobierno de signo progresista, el de José María Calatrava, y en plena guerra carlista, que, ciertamente abolía las exenciones denominadas gratuitas y que disfrutaban los nobles, el clero y algunas profesiones, seguramente, inspirándose en que no podían existir privilegios en función del nacimiento, pero se generaba otra desigualdad, esta vez, de signo económico, fruto del nuevo signo de los tiempos, los del liberalismo, y como manera de conseguir dinero ante el elevado coste de la guerra. Así es, se estableció la redención en metálico, que establecía una elevada cantidad de dinero para librarse del servicio militar, y la sustitución, que permitía pagar a un sustituto para que hiciera el servicio. Eso permitía que los hijos de las clases elevadas pudieran librarse, algo imposible para la mayoría de las familias españolas. Además, generó un negocio, el del seguro de las quintas. Aquellas familias de clase media para evitar que sus hijos fueran reclutados contrataban una póliza de seguro, que solía contratarse cuando nacía un hijo varón, y que se pagaba a través de cuotas periódicas para que el seguro pagar la redención o la sustitución en su momento.

Este sistema generó no pocas protestas y motines durante todo el siglo XIX, como ocurría contra los consumos, los impuestos indirectos que gravaban productos básicos. Los motines querían terminar con las quintas y todo lo que llevaba aparejado. Importante fue el que tuvo lugar en 1869 en Jerez de la Frontera.

Precisamente, la llegada de la Revolución de 1868, que inauguró el Sexenio Democrático pareció un momento propicio para abolir las quintas, pero el Gobierno provisional nada hizo al respecto, ni tampoco los Gobiernos del reinado de Amadeo de Saboya.

Su abolición se esperaba más claramente con el establecimiento de la Primera República. Y esta vez, en principio, la esperanza se convirtió en realidad porque el 18 de febrero de 1873, es decir una semana después de proclamado el nuevo régimen se abolieron, planteando un modelo distinto de ejército, que debía estar formado por soldados voluntarios retribuido, que sería el conocido como “ejército activo”. Pero también debía haber un “ejército pasivo” formado por los mozos con veinte años cumplidos, y que prestarían un servicio de tres años, y donde no se admitirían la redención en metálico. Pero al poner en marcha un ejército para hacer frente a las dos guerras activas en ese momento, la tercera carlista y la cubana, y compuesto por doscientos batallones, se comprobó que no se conseguía ni de lejos cubrir las plazas que se necesitaban. Las circunstancias apremiaban por lo que los quintos que habían sido reclutados años anteriores a la aprobación de la reforma no fueron licenciados, y eso generó una clara frustración hacia la República.

Con la Restauración el sistema de quintas se mantuvo. Cierto es que hubo algún intento de abolirlo, pero aquel régimen se había diseñado por una oligarquía que no estaba dispuesta a que sus hijos hicieran el servicio militar y/o fueran a las guerras.