En este artículo se inserta el artículo primero del Decreto del Presidente del Reich para protección de la Nación y del Estado, de 28 de febrero de 1933. Constituye uno de los primeros pasos, y fundamental, para la construcción del totalitarismo nazi, partiendo de una interpretación espuria del espíritu democrático de la Constitución de Weimar. Además, se empleaba como justificación el argumento del oponente político considerado como enemigo de la propia existencia del Estado:

Una Constitución es un documento legal de rango fundamental por el que se rige la vida política de un país.

¿Qué es un estado de excepción? Se trata de una situación de anomalía en la vida general de un estado, y en virtud de la cual, se suspenden algunos o todos los derechos y libertades ciudadanas. En las democracias los parlamentos tienen una clara intervención en las declaraciones de estados de excepción, bien sea porque la Constitución declare que sea precisa la aprobación de una ley para llevarlo a cabo, bien porque, aunque fuera competencia del ejecutivo, se necesite la aprobación parlamentaria. En una palabra, lo que se pretende es que no sea una decisión arbitraria, sino sujeta a la ley, además de limitada en el tiempo que dure la situación extrema. Nuestra Constitución da muchas garantías sobre la suspensión de derechos en un estado de excepción o de sitio, según establece el artículo 55, así como en los casos de suspensión de derechos individuales a personas en relación con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, necesitándose una ley orgánica que lo regule (aquí hubo, en su día cierta polémica sobre si la ley antiterrorista conculcaba o no derechos, pero eso forma parte de la esencia de una democracia, es decir, el que haya distinta forma de ver las cosas).

En los anteriores artículos que hemos publicado en Historalia hemos estudiado a un conjunto de pensadores alemanes y acerca del Estado orgánico. Nuestro fin era aportar materiales para entender el corporativismo, que iremos desgranando en otras piezas futuras.

El artículo 155 de la Constitución dice lo siguiente:

1-Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2-Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

La situación política no terminaba de estabilizarse. A finales de julio, la Guardia Nacional se declaró a favor de la Constitución de 1812, pero ante la negativa de la regente a aceptar este cambio constitucional, el 12 de agosto se produjo la rebelión de los sargentos en La Granja que obligó a la reina gobernadora a restablecer la Constitución de 1812. Subió al poder otro gobierno progresista que se dedicó a restablecer gran parte de la legislación del Trienio Liberal y a democratizar los ayuntamientos al establecerse el sufragio universal para la elección de alcaldes. Pero el resultado más importante del motín y de la nueva situación política fue la convocatoria de unas Cortes para elaborar un nuevo texto constitucional.

La Constitución de 1812 dedicó el Título VIII, desde el artículo 356 hasta el 365, a tratar de lo que se denominó “la fuerza militar nacional”, el Ejército y la Marina, así como la Milicia Nacional. La importancia de los dos capítulos de este Título es fundamental en la historia de España porque diseñaba por vez primera lo que el liberalismo esperaba de las fuerzas militares, aunque, en realidad, no dedicó una atención pormenorizada a la cuestión militar en sus Constituciones, más preocupado por el diseño y relación entre los poderes legislativo y ejecutivo.

Tradicionalmente, se ha considerado que las Constituciones españolas del siglo XIX estaban muy vinculadas a los vaivenes políticos y que eran de partido. No fue así, realmente, porque todas, a excepción de la de 1812, la 1869 y el Proyecto, nunca aprobado, de la Primera República, siempre obedecieron a los intereses del liberalismo más moderado por mucho que se nos haya contado que fue progresista la de 1837. La Constitución de 1931 sí es novedosa porque consagraba el proyecto progresista del republicanismo en alianza con el socialismo, y también es cierto que la de 1978 fue otra novedad al ser la más consensuada.