El socialismo en la Revolución francesa
La igualdad fue un principio que la burguesía revolucionaria francesa hizo acompañar a la libertad por dos motivos. En primer lugar, porque se estaban criticando los privilegios y el principio de la desigualdad ante la ley que eran los pilares de la sociedad del Antiguo Régimen. Pero también porque buscaba el apoyo popular para terminar con ese orden, considerado ya caduco, pero que se resistía a morir y que tenía, además poderosísimos apoyos más allá de las fronteras francesas. Pero la incorporación del principio generó de inmediato un problema, y que pasaba sobre la interpretación del mismo. La libertad era un principio muy claro, pero la igualdad podía ser interpretada tanto como un principio en relación con la ley, pero también con una dimensión social. La Asamblea Constituyente dejó muy claro que la igualdad tenía que ver con la primera de las alternativas porque, a continuación, reconoció la propiedad como un derecho fundamental.
Este principio consagraba la desigualdad social, pero, además, se convertía en condición fundamental para poder participar en la res púbica, ya que, para poder votar, dado el carácter representativo del nuevo sistema político, pero también para poder ser votado, era necesario ser propietario o poseer un determinado nivel de renta, y eso solamente lo podían hacer los hombres (tampoco las mujeres) burgueses. La justificación ideológica para el establecimiento del sufragio censitario, que luego desarrollaría Benjamin Constant en un famoso texto, se basaba en que los asuntos públicos debían ser regidos por los que eran considerados como los mejores, los más instruidos, los que tenían una vida asegurada por la propiedad y, que, por lo tanto, podían dedicarse a las tareas de gobierno.
Si la igualdad iba a más, se destruiría el orden. El cambio revolucionario burgués tenía, en consecuencia, unos límites claros. La desigualdad ante la ley era considerada por la burguesía como algo sumamente injusto, y como una traba para el progreso, pero la igualdad real, la que cuestionaba el principio casi sagrado de la propiedad, era disolvente.
Los jacobinos lucharon por la igualdad, aunque no podrían ser considerados, en puridad, como socialistas. Preocupados por la corrupción política también lo estaban por la desigualdad existente. Para combatirla o aminorarla fueron partidarios de intervenir en determinadas cuestiones económicas y sociales: precios regulados para el pan y alimentos básicos, o establecimiento de un sistema fiscal progresivo.
Por su parte, los enragés, un grupo radical, plantearon la necesidad de teorizar sobre la reivindicación de los sans-culottes acerca de la igualdad, aunque, desde el punto de vista organizativo, no consiguieron cuajar. En este sentido, Jacques Roux, el principal líder, publicó cuando se estaba procesando al rey, su Discurso sobre el juicio de Luis el Último, sobre la persecución de agitadores, acaparadores y traidores, donde consideraba que no bastaba con reclamar la pena capital contra el monarca, sino que había que combatir a los que acaparaban los productos de primera necesidad sometiendo con sus cálculos al pueblo.
Los enragés justificaban los asaltos a las tiendas porque eran un medio que empleaba el pueblo para que se le restituyese lo que había pagado demasiado caro desde siempre. Eso no gustó a los jacobinos que, en realidad, nunca cuestionaron la propiedad.
Por su parte, dentro de este grupo, Taboureau de Montigny elaboró en plena crisis de 1792 un Proyecto de Ley relativo a los alimentos, que fue enviado a la Convención en octubre. Interesa el texto porque condensaría las demandas populares urbanas en
este momento fundamental de la Revolución. Para algún historiador vendría a ser una clara exposición de lo que se entiende por democracia social. Taboureau atacaba directamente a los terratenientes y los grandes capitalistas que intentaban quedarse con los víveres, adquiriendo un derecho sobre la vida y la muerte de los seres humanos. La justicia natural establecería límites al beneficio de la propiedad. Si el trabajo era, siempre según el autor, el medio para recuperar la porción de bienes que se habría concedido por el “tribunal del derecho natural” (el estado de naturaleza) era lógico que el Estado diera a cambio de ese trabajo el equivalente a lo perdido. Toda esa pérdida a causa de la transmisión de la fortuna hereditaria sería igual a la suma de las necesidades básicas, sobre el total de las cuales debía fijarse el importe mínimo del salario. De ahí la necesidad de que se elaborase una ley compensatoria que subiese el salario al nivel del precio de los víveres, o que se bajase ese precio al nivel del salario. El autor denunciaba la afirmación de que no había recursos naturales para abastecer a todo el mundo. El aumento de los indigentes no era por esa razón, sino que procedía de la desigual distribución de los productos en las distintas clases sociales.
Taboureau consideraba fundamental el control sobre los víveres de la nación frente a la libre circulación del grano, todo lo contrario que venía defendiendo la Ilustración y luego el liberalismo económico. Si no se realizaba ese control se favorecía el fraude. El acaparamiento de productos, una práctica bien conocida por los historiadores en la economía agraria preindustrial con el fin de obtener un beneficio artificial, era para nuestro autor un delito gravísimo que debía castigarse con la muerte. Las cosechas debían ser declaradas bajo pena de confiscación si no se producía dicha declaración. El objetivo era evitar la subida del precio del pan.
Tampoco se debía permitir que los vendedores o particulares almacenar reservas de grano. En cada ciudad se establecería un almacén nacional, una especie de pósito para almacenar públicamente el grano. Además, se fabricaría un solo tipo de pan, con trigo y centeno.
Es importante destacar que este sistema reglamentado tenía mucho de la práctica del Terror que, en esos momentos, comenzaba. El afán de enriquecerse era algo muy grave para estos sectores sociales e ideológicos en la Francia revolucionaria, y su persecución incluía la pena de muerte porque se estaba jugando con el hambre y la vida de la población. No hay en este autor un análisis profundo sobre el origen de la desigualdad social, asociado a la existencia de la propiedad privada, pero, sí planteaba la necesidad del control público para corregir sus efectos, algo muy propio de los sectores más o menos radicales en la Revolución Francesa.
El problema de este Proyecto tenía que ver con la dificultad de conseguir el abastecimiento adecuado de los pósitos o almacenes públicos cuando se presentaban problemas de malas cosechas, ya que no se estipulaban requisas o expropiaciones de tierras y/o productos, porque la propiedad privada no se abolía. Por otro lado, parece que solamente había una preocupación urbana y no se planteaba para la situación rural. No olvidemos, en ese sentido, el medio en el que se movía este grupo radical de los enragés.
El Manifiesto de los Iguales, publicado el 30 de noviembre de 1795 en Le Tribune du Peuple, y escrito por Sylvain Maréchal, constituye un documento fundamental para entender la Conspiración de los Iguales en su contexto. Así es, la igualdad era en este texto considerada como la primera aspiración de la Naturaleza, la primera necesidad humana y lazo para toda asociación legítima. La desigualdad habría pesado siempre sobre el género humano. Desde que había sociedades en el mundo la igualdad, reconocida de forma general como el más bello patrimonio del hombre, no se habría realizado ni una sola vez. Lo que sí había existido era una “estéril ficción de la ley”. Esto significaba que en la Revolución francesa se había proclamado, pareja a la libertad y a la fraternidad, la igualdad, pero cuando se reclamaba de verdad los defensores de la Revolución contestaban que la igualdad de hecho era una quimera, por lo que había que contentarse con la “igualdad condicional”, es decir, con la igualdad ante la ley. No se podía querer más. Pero los protagonistas de la Conspiración de los Iguales reclamaban más, mucho más, partiendo de que la igualdad era un principio innegable. En consecuencia, lo que se quería era la igualdad efectiva, proclamando que la conseguirían a toda costa.
Además de la igualdad de derechos, de la igualdad escrita en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se quería la igualdad “en medio de nosotros, bajo el techo de nuestras casas”. Era un objetivo irrenunciable. No se podía consentir por más tiempo que la inmensa mayoría de los hombres trabajase y sudara al servicio y para el placer de una ínfima minoría. Debían desaparecer las “inicuas distinciones de pobres y ricos, de grandes y pequeños, de amos y criados, de gobernantes y gobernados”.
Todos tendrían las mismas necesidades y las mismas facultades, por lo que solamente debía haber una sola educación, una sola alimentación. Si los hombres se contentaban con un solo sol y con el mismo aire, se preguntaba el Manifiesto, “¿por qué la misma porción y la misma cantidad de alimentos no han de bastar para cada uno?”
La Conjura fracasó por un confidente que se había infiltrado. Carnot, a la sazón ministro de la Guerra encargó a Bonaparte la detención y encarcelamiento de los conjurados. El 26 de mayo de 1797 Babeuf fue condenado a muerte junto con su compañero, Darthé. Por su parte, Buonarotti salvó la vida, convirtiéndose en la pieza clave para que posteriormente se conocieran las ideas de Babeuf de los conjurados.